60 centimos por el 100% de cobertura

Fuente: CMT

Por sólo 1 euro al día la DGT nos animaba a sacarnos el carnet de conducir. Y por 50 peniques al mes, en el Reino Unido pretenden cubrir de fibra óptica todo el país.

El Gobierno ha desarrollado un plan al que ha bautizado como “El Proyecto del Tercio Final”. Sus cálculos son que las empresas considerarán rentables dos tercios del país y que allí desplegarán la fibra. Pero queda ese tercio del territorio “poco atractivo”. Para que todos disfruten de redes de nueva generación el gobierno cobrará 50 peniques al mes (unos 60 céntimos) a cada uno de los usuarios de las líneas de la red de cobre. El gobierno británico pretende recaudar unos 170 millones de euros con los que subvencionará el coste de los despliegues para equipararlos a las zonas urbanas.

El Broadband Stakeholder Group ha comparado el coste de este programa de inversión pública con otros planes anunciados por los gobiernos de Australia, Singapur o EEUU. Según sus datos, el programa británico es el segundo menos gravoso.

BT, el antiguo monopolio, anunció recientemente que va a ampliar sus planes de despliegue de fibra óptica en el país. BT quiere que 10 millones de casas estén cubiertas por una red de fibra en 2012. El 90% de estos hogares tendrían acceso a una red de FTTN con una capacidad de 40 Mb/s de bajada. El 10% restante tendría fibra hasta el hogar (FTTH) con velocidades de hasta 100 Mb/s. El coste de la factura alcanzará hasta 2012 los 1.700 millones de euros. Pero BT ya ha dicho que está dispuesta a alquilar su red de nueva generación a otros operadores.

En cuanto a España, la CMT realizó en mayo un estudio sobre la viabilidad del despliegue de redes de nueva generación. Se contemplaban varios escenarios, pero en el más conservador se determinó que en un periodo de 15 años (hasta 2023) entre el 43% y el 46% de las viviendas españolas podrían disponer de un acceso de fibra óptica hasta el hogar.

En aquellos territorios a los que no llegara la inversión privada, el estudio afirma que “sería deseable la actuación de los poderes públicos para que los nuevos servicios basados en redes de nueva generación también puedan ser disfrutados por los residentes de estas áreas que resultan menos atractivas en términos de inversión”.

Más información: Aquí

Se reactiva el proyecto de Operador Neutro en la Generalitat catalana

Fuente: Expansión

La apuesta de la Generalitat por crear una red pública de telecomunicaciones va dando discretos pasos hacia su consecución.

Aunque había desaparecido de los ejes principales del discurso del Gobierno catalán, en los últimos días el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Ctti) ha reactivado el proyecto.

El ente de la Administración catalana ha sacado a licitación dos contratos que servirán para preparar el proceso de elección de la empresa que se hará cargo de la red de telecomunicaciones de la Generalitat y los ayuntamientos. El Gestor de Infraestructuras de Telecomunicación será una empresa privada y deberá construir las infraestructuras necesarias para completar la red actual, aportar fibra óptica y mantener y explotar la red. Por el momento no se sabe más, ni tan sólo el tipo de contrato que se suscribirá con la empresa elegida.

Concurso

A pesar de contar con más de 330 trabajadores, el Ctti recurrirá al asesoramiento externo para adjudicar el contrato que probablemente será el más importante que suscriba durante las dos últimas legislaturas.

Por un lado, el centro ha sacado a licitación los “servicios de apoyo jurídico para la redacción de las bases de licitación, el apoyo durante el proceso de negociación y la redacción del contrato”. Otra empresa se encargará de dar “apoyo técnico”. La primera licitación tiene un importe de salida, que no incluye IVA, de 301.724,14 euros y la segunda, de 172.413,79 euros.

El apoyo externo no hará que la contratación del Gestor de Infraestructuras sea inminente. Por el contrario, las empresas adjudicatarias de los servicios de asesoramiento estarán ligadas al proceso durante un periodo de 14 meses a partir de los próximos 4 y 23 de septiembre. De esta manera, la adjudicación del macrocontrato no se producirá previsiblemente antes de noviembre de 2010.

La agenda resulta apretada, ya que, si no hay adelanto electoral, las elecciones catalanas deberán realizarse precisamente en noviembre del próximo año. Fuentes de la Secretaría de Telecomunicaciones han rechazado hacer aclaraciones sobre la agenda que abren los dos nuevos contratos de asesoramiento.

Dificultades

El objetivo del operador neutro es crear una red de fibra óptica pública para hacer llegar las telecomunicaciones a todo el territorio y para fomentar la competencia. Según el plan marcado por ERC, en 2006 el consorcio ITCat, integrado por la Generalitat y Localret –que agrupa a los ayuntamientos–, debería haber adjudicado ya el operador neutro.

La salida prematura de ERC de la Generalitat frustró estos planes, que también han topado con la crisis y la falta de apoyo del PSC, que nunca ha visto el proyecto con buenos ojos. El presidente catalán,José Montilla, calificó la iniciativa de “modelo sobrepasado” cuando era ministro de Industria.

En el ámbito empresarial el proyecto no estaba en 2006 falto de pretendientes. El grupo de gestión de infraestructuras Abertis y dos empresas extranjeras habían declarado su interés por el proceso de licitación. Telefónica siempre se ha mostrado recelosa con el futuro competidor público. Kim Faura, director de la operadora en Cataluña, dijo en marzo que “la inversión en redes alternativas va en contra de la cohesión territorial”. Según Faura, el dinero público debería destinarse a redes complementarias y no a infraestructuras alternativas.

Retrasos

- El proyecto, que se había gestado en la época de CiU en la Generalitat, fue impulsado por ERC. El objetivo principal es que una red pública de telecomunicaciones fomente la competencia.

- La Administración catalana quiere aprovechar cientos de kilómetros de tendidos de fibra óptica de trenes y carreteras, así como de los ayuntamientos e incluso de Red Eléctrica.

- La inversión prevista, para un plazo de diez años, era de 233 millones de euros. En 2006 el gasto ya había llegado a 26 millones.

- La salida de ERC del Gobierno catalán en 2006 paralizó el proyecto, que ahora se resucita.

Portugal y su mapa de carreteras subterraneo

En Portugal se ha aprobado por Decreto de Ley abrir los conductos para fomentar el despluiegue de redes de fibra óptica.

Aunque Telefónica tambien ha sido obligada a esto la diferencia radica en que cualquier empresa que tenga una infraestructura en la que se pueda montar fibra deberá tener creado un mapa georeferenciado con la información de su infraestructura. No solo se limita al ámbito de las telcos sino que esto será obligado para cualquier empresa privada o pública (Ferroviarias, portuarias.. de abastecimiento de agua, transporte etc...)

Ahora la pregunta que sigue es: ¿y cómo se garantizará el acceso?. Pues por lo que hemos leído, se ha previsto la creación de un Servicio de Información Centralizado (SIC), que será algo así como una especie de base de datos gigante del subsuelo portugués. Todas estas entidades deberán elaborar y tener actualizado un mapa con información descriptiva y georeferenciada de las infraestructuras que son aptas para alojar redes de comunicaciones electrónicas.

Aunque la norma está hecha por el Gobierno, el guardián de toda esa información será nuestro homólogo portugués, Anacom, que se encargará del diseño del SIC, de su gestión y mantenimiento. A esta herramienta podrán acceder las entidades que deberán abrir sus conductos, los operadores de telecomunicaciones y los reguladores sectoriales.

La normativa prevé que las entidades que darán el acceso no tengan la tentación de dormirse en los laureles a la hora de dejarles pasar por sus tubos. Los acuerdos serán céleres, con un plazo máximo de 20 días para alcanzar un consenso. Una vez que se haya concedido el acceso, la empresa que tenderá la fibra tendrá un plazo de 4 meses para ello, si no le caducará el derecho de acceso. En cuanto a los precios, deberán estar orientados a costes y reflejarán los costes de construcción, mantenimiento, reparación y mejoramiento de las infraestructuras…

Fuente CMT:

Italia: El gobierno propone crear un Operador Neutro

El gobierno italiano ha propuesto la creación de un operador con la finalidad de que el resto de operadores trabajen sobre su infraestructura. Es decir un Operador Neutro respaldado por los Operadores y por la Administración, por lo que el Operador Neutro pasaría a ser una empresa mixta con la finalidad de llegar al 50% de la población italiana. Este despliegue podría suponer un coste de 10.000 millones de € y situaría a Italia como referente europeo en el despliegue de fibra.

Tanto los operadores como el gobierno ven con buenos ojos este proyecto ya que de otra forma sería impensable llegar a las zonas menos rentables.

Es curioso que Telecom Italia esté a favor del proyecto pero en contra de abrir y compartir sus infraestructuras.

Fuente

Se propone el Operador Neutro como tercera vía para las Redes WiFi gratuitas

Miran a Sebastián, con el Plan-E a la mano y las promesas que un día Industria les hizo. Casi 200 ayuntamientos quieren subirse en la carrera de internet por la puerta del WiFi gratuito municipal. Industria ha dejado hasta ahora a la CMT entre la espada de la Ley General de Telecomunicaciones -que impide a los organismos públicos financiar este servicio con impuestos y hacer la competencia desleal a las operadoras comerciales- y la pared de la casuística real. El regulador le busca sitio al wifi municipal a las puertas de Sebastián y acaba de abrir un período de consulta pública y quiere nuevas cartas claras sobre la mesa para encarar el choque de intereses. Las operadoras y los municipios se miden las fuerzas y los intereses: la facilidad del acceso y las infraestructuras a cambio de despliegues conjuntos, o al menos complementarios. La cuadratura del círculo sólo pasa por negociar, lo reconoce la FEMP ahora que el Supremo les ha marcado las líneas rojas a su tasa por ocupación de dominio público. Avilés y Miguelturra han inaugurado la tercera vía, la del ‘operador neutro’ y la cooperación público-privada.

Sólo 132 de los más de 8.100 municipios españoles tiene licencia WiFi, pero más de 200 ayuntamientos han llamado ya en los últimos meses a la puerta de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. La legislación no permite que las administraciones den internet gratis por un periodo indefinido, pero el resto de las condiciones son variables. Hasta el momento, el regulador ha limitado el tiempo de gratuidad y la velocidad a la que se navega, ha forzado que el uso sea lúdico o cultural al impedir las descargas o las visitas a determinados contenidos o el tiempo que puede estar conectado cada usuario. La CMT mira a Valencia -donde 260 de los 266 municipios de la provincia han solicitado participar en el programa ‘Valencia provincia WiFi- o a Aragón, con más de 40 municipios inscritos como operadores WiFi, aunque muchos de estos proyectos aún están en fase de desarrollo. Tendrá que atender, además, las solicitudes que cocinan ya una veintena de ayuntamientos con otras aplicaciones del WiFi distintas al mero acceso a Internet, desde servicios públicos como el control del tráfico, o el tiempo de paso de los autobuses y todo tipo de soluciones prácticas, como sucede en algunas ciudades de Estados Unidos, donde los contadores de agua disponen de WiFi, lo que permite obtener el consumo de agua en tiempo real de toda una zona.

Se lo dejaba claro la CMT a Barcelona con el veto a su propuesta Premium: ni la ley ni el regulador quieren dejar sitio a servicios que atenten contra las ofertas de banda ancha móvil de las operadoras. El acceso básico sólo podrá darse de forma gratuita durante un año, en un horario determinado. La duración de la conexión estará limitada a 60 minutos por usuario y día, con una velocidad de transmisión que rondará los 200 Kbps -mucho más baja que la banda ancha- y se prohíben las descargas y el acceso a ciertos contenidos. Wifi Ciutadá sólo podrá ser gratis durante un año, cuando el Instituto Municipal de Informática de Barcelona (IMI) pedía tres. Después tendrá que buscar alguna fórmula de pago o patrocinio publicitario. Y tendrá que volver a recibir el beneplácito para el replanteamiento de su servicio Premium. Será -espera el consistorio catalán- cuando la nueva regulación esté ya sobre la mesa.

Al menos 150 ayuntamientos de toda España quieren que sus habitantes se puedan conectar gratis a Internet cuando se encuentren en lugares públicos. La Ley General de Telecomunicaciones que define las comunicaciones electrónicas como "servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia" en vez de como servicio público. Permite que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) autorice la prestación sólo si el consistorio se inscribe como operador de telecomunicaciones y sólo de forma temporal, para promover el uso de Internet sin caer en la competencia desleal para las operadoras de telefonía. La CMT -que sólo puede actuar de parte y no de oficio en estos casos- ha tenido que acotar el terreno con el goteo de la casuística: expedientó a los municipios de Atarfe (Granada) y Ponteareas (Pontevedra) por no haberse registrado como operadores.

Santa Cruz de Tenerife en 2008 recibió la negativa al plan municipal de acceso inalámbrico y gratuito a internet y Castellón o Málaga, que proyectaban instalar WiFi, aparcaron sus planes tras repudiar las condiciones del regulador que debían cumplir. Pero, en Zaragoza el wifi está previsto desde finales de 2008 para dar cobertura sólo dentro de edificios públicos y no en la calle. El municipio maño avanza en la conexión de 90 puntos de acceso con su bitácora de “ciudad digital” y planea construir una red idéntica al casco histórico de la ciudad. Castellón ha optado por una red gratuita -Wificas- que en principio sólo accede a al portal municipal en lugar de a Internet. El ayuntamiento de Burgos ha llegado a un acuerdo con la empresa especializada en redes inalámbricas Gowex para crear una red inalámbrica que se financiará mediante publicidad a través de la plataforma de Publicidad y Contenidos geolocalizados Wiloc. Y otras ciudades como Bilbao han anunciado su intención de dotar con WiFi sólo a las principales plazas públicas de la ciudad.

La opción del pago la han explorado municipios como San Sebastián, con una red que agrupa 22 puntos de acceso disponibles y, a una escala mucho más reducida, Vitoria. En la ciudad guipuzcoana se ofrecen bonos de un euro por día de conexión, 10 euros por un mes o 30 euros por 4 meses. En la capital alavesa, donde la cobertura se reduce a tres edificios, aunque prevén aumentarla en breve, los precios se elevan a 4 euros por día y 12 euros por mes. Asturias tiene, al menos, la llave de las telecos para esa tercera vía de la paz: allá donde ellas no lleguen con las redes de última generación, en los municipios donde la mano de la inversión privada no alcanza. El Ayuntamiento de Avilés fue uno de los pioneros en la instalación de una red pública de acceso a la red de redes gratuito que no ha supuesto ningún conflicto con la CMT: los ciudadanos que deseen acceder a la red en las zonas del casco histórico y de la Ría, podrán hacerlo sin problemas gracias a 32 pequeñas antenas colocadas en las farolas. Avilés se ha buscado un patrocinador privado de su iniciativa -una empresa paga al ayuntamiento a cambio de publicidad- con lo que el municipio sufraga con fondos privados la gratuidad de la red, ha separado sus cuentas para que no haya dudas, se ha registrado como operador y da servicio a un máximo de 400 usuarios a la vez, porque la capacidad del wifi es limitada.

INTERESES ENCONTRADOS

Han enseñado las lanzas del desencuentro en la carrera de las tecnologías de la información. Los ayuntamientos y las grandes operadoras de telefonía se miden las distancias y las urgencias. Si la administración pública ofrece Internet sin coste, nadie va a contratar su conexión con un proveedor de Internet, por lo que se daña la competencia. Pero los ayuntamientos saben que la euforia de sus ‘autopistas digitales’ municipales tiene líneas rojas: los analistas les advierten que los canales wifi pueden solapar sus frecuencias, si el consistorio ocupa un canal en todo el territorio. Las autoridades municipales saben que si no atienden a las demandas de los operadores que construyen las redes de nueva generación, de banda ultra-ancha, se quedarán sin las auténticas ‘avenidas’ de sus ciudades digitales. Para las telecos, el cumplimiento por parte de las corporaciones locales de la Ley de Acceso Electrónico es mucho más que el puente de la ‘e-administración’ con las Administraciones y los ciudadanos por medios electrónicos, es, además, un gran generador de la demanda para sus servicios.

Los alcaldes tienen miedo a quedarse atrás en la carrera hacia la Sociedad de la Información; los operadores de telefonía, a la emergencia masiva de empresas públicas de telecomunicaciones amparadas por los euros del PlanE. Reclaman la vía libre a las canalizaciones que utilizarán los operadores y exigen que se eliminen las restricciones de licencias para zanjas o antenas, la emergencia continua de organismos locales que construyen infraestructura de telecomunicaciones y las nuevas tasas y cargas fiscales. Y advierten que se puede poner en peligro la inversión privada y ampliar la brecha digital. Desde el sector de las TI -con la Aetic al frente- las operadoras -a través de Redtel y Aste- y desde los municipios -por boca de la Femp- llaman a la paz. Miran, de parte y parte, el antecedente de Migueturra, donde la CMT ha aceptado el modelo del ‘operador neutro’.

El Ayuntamiento del municipio castellano ha desplegado una red de fibra óptica que será alquilada a los operadores para ofrecer hasta 100 megas. El consistorio sólo se ha ocupado de las infraestructuras (la parte más costosa de la inversión) y serán las telecos los que ofrezcan servicios de banda ancha pagando a Miguelturra -que no interfiere en las ofertas- por el alquiler de la fibra. Una iniciativa similar a la red Asturcón desplegada en el Principado de Asturias y que permite a los usuarios navegar con 100 megas desde 40 euros al mes. Los ayuntamientos que tengan ya una red corporativa pueden aportarla a una empresa mixta constituida con operadores privados, o incorporarla a un convenio, contrato o consorcio. La Diputación de Valencia, por ejemplo, ha anunciado la licitación de un contrato de colaboración público-privada para una red provincial en el que se va a usar la novedosa técnica del diálogo competitivo.

LA BATALLA FISCAL

Aunque de los 3.408 millones de euros que aproximadamente pagan en impuestos periódicos las operadoras de telecomunicaciones -incluyendo la nueva fiscalidad para financiar RTVE-, el 90% corresponde a tributación estatal y tan sólo un 10% a la local, el desencuentro impositivo con los ayuntamientos llueve sobre mojado porque la presión parafiscal que sufre el sector de las telecomunicaciones en España, con impuestos y tasas específicos, que gravan exclusiva o preferentemente a las operadoras, se eleva a 825 millones de euros en 2008. Además de pagar los impuestos comunes (Sociedades IBI, etc), las ‘telecos’ abonan un pagan una serie de tasas exclusivas por 400 millones al año, como la tasa de operadores (para financiar la actividad de la CMT), la tasa por la numeración y la que se paga por el espectro de frecuencias radioeléctricas- son las principales contribuyentes, en un 85%-. Además, y aunque contribuyen a financiar a los ayuntamientos con un IAE específico por las antenas de telefonía móvil, desde hace cuatro años, muchos consistorios quieren cobrar a los grupos de móviles la tasa por ocupación del dominio público -que ya repercuten sobre las operadoras fijas- a pesar de que la Ley de Haciendas Locales las excluía expresamente.

Después de cuatro años de guerra abierta -en tablas hasta ahora, las compañías de móviles se habían negado a pagar mayoritariamente y han generado cerca de 2.000 procedimientos judiciales- la FEMP busca la paz de una alianza global para sus lanzas fiscales, ahora que, con el Tribunal Supremo con su sentencia sobre el Ayuntamiento de Badalona ha empeorado las perspectivas jurídicas de los municipios que quieren cobrar un 1,5% de sus ingresos brutos a las operadoras móviles y los fuerza a bajar la tasa por ocupación de dominio público hasta en un 90% respecto a la actual. Esta nueva situación jurídica ya ha tenido sus primeros efectos puesto que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) ha anulado la tasa municipal sobre las operadoras de telefonía móvil de 57 municipios extremeños, al considerar, entre otras cosas, que establecer de forma genérica un impuesto del 1,5% de los ingresos brutos no es correcto.

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Albertis será el Operador Neutro de TDT de pago

El acelerón final del Gobierno en la tramitación de la Ley Audiovisual, que previsiblemente se aprobará en septiembre, sumado al Real Decreto que da cobertura legal a la televisión digital terrestre (TDT) de pago, que tendrá luz verde a finales de este mismo mes, ha empujado a la industria audiovisual a cerrar un acuerdo global para explotar el nuevo negocio.

Un grupo de empresas del sector, lideradas por Abertis, como operador neutro de la nueva plataforma tecnológica, apoyados por los fabricantes de televisores, descodificadores y tarjetas de acceso condicional, y auspiciados por el Ministerio de Industria, han alcanzado un acuerdo sobre las especificaciones técnicas y las características que deben tener los equipos de TDT de pago.

Con este pacto, del que sólo quedan por cerrar pequeños flecos, las cadenas de televisión que quieran operar TDT de pago tendrán vía libre para comenzar a prestar sus servicios desde el próximo mes de agosto.

Abertis tiene lista la tecnología para operar una plataforma abierta a todos los operadores que quieran ofrecer televisión digital terrestre (TDT) de pago.

Modelo tecnológico

El director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Abertis Telecom, Josep Ventosa, aseguró la pasada semana, durante unas jornadas organizadas por Unidad Editorial, que la compañía tiene preparado un modelo horizontal de servicio que dé respuesta a las necesidades específicas de cada agente. Se trata de una solución de marca blanca extremo a extremo para la TDT de pago, abierta e interoperable, para la prestación del servicio a diferentes radiodifusores, según Ventosa.

En el modelo previsto, Abertis tiene relación directa con las cadenas de televisión, que contratan los servicios de la plataforma con la difusión, el transporte de la señal y el servicio de acceso condicional. Los fabricantes llegan, así, a acuerdos directos con Abertis, sobre el que pivotará la oferta tecnológica.

En este sentido, Mediapro ha cerrado ya un acuerdo con Abertis para el lanzamiento de Gol TV, su canal de fútbol 24 horas, que emitirá a través de uno de los canales de TDT de La Sexta, la cadena que participa mayoritariamente.

El responsable de Abertis confirmó que el grupo de trabajo formado en el Ministerio de Industria para acordar equipos estandarizados de TDT de pago tiene pactada con el Gobierno la obligación a los fabricantes de televisores y descodificadores de incluir un sello que garantice que son equipos preparados para TDT de pago y para la televisión de alta definición.

Especificaciones

Entre las especificaciones, los descodificadores tendrán que estar listos para incorporar hasta tres proveedores de acceso condicional.

Nagravision, el mayor fabricante mundial de tarjetas de acceso condicional para televisión de pago, ha llegado a acuerdos con los fabricantes de televisores y descodificadores para garantizar a las cadenas de televisión, en caso de utilizar su tecnología de acceso condicional, que habrá receptores compatibles disponibles en las tiendas en agosto.

Tras meses de conversaciones, la compañía, suministrador histórico de Canal + y proveedor de Digital+, Jazztel y Euskaltel, ha alcanzado ya acuerdos con Panasonic, Philips, Samsung y Oki, para que sus televisores incorporen la tecnología de la empresa suiza para los contenidos de pago, así como con Sagem, ADB e Ikusi, entre los fabricantes de descodificadores.

Paralelamente, otras compañías, como Irdeto, especializada en acceso condicional, o Sidsa, en tarjetas de codificación para televisores, mantienen negociaciones abiertas con Abertis para incorporarse a la plataforma.

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Asturcon sigue creciendo

Más de 22.000 viviendas de las cuencas mineras del Nalón y del Caudal -en concreto, 22.411- disfrutan de la red pública Asturcón, un sistema que lleva la banda ancha a las poblaciones más desfavorecidas a través de la fibra óptica. Debido a la tecnología que puede soportar, el servicio ofrece en muchos casos velocidades de conexión que multiplican la oferta tradicional de internet de las compañías privadas que operan en la región.

Tan importante como el número de viviendas es la penetración del sistema con respecto a la población, que roza el 20% de media, según los datos que maneja en la actualidad el Gobierno del Principado. De entre las poblaciones que participan en la Red Asturcón, destaca la localidad de Blimea, en el concejo de San Martín del Rey Aurelio, donde la penetración llega al 30% de sus habitantes. Sotondrio, en el mismo municipio, y Rioturbio (Mieres), son los otros dos núcleos que se sitúan por encima del 20% de penetración media de Asturias, aunque los datos en el resto de concejos son igual de halagüeños.

En la actualidad son dos las empresas que trabajan con la red pública para ofrecer la conexión a internet a la ciudadanía, Telecable y Adamo. La primera de ellas gana a la segunda en penetración. Esto puede ser debido a que Telecable es una firma comercial que resulta más conocida al usuario de Asturias, a pesar de que Adamo también ofrece una buena oferta de conexión a internet e, incluso, parece desarrollar una mayor velocidad de subida y bajada de datos que su competidora.

Los datos obtenidos en la Red Asturcón hacen que el Principado trate de ampliar la experiencia al resto de la región en el menor tiempo posible. Así, según los cálculos realizados de acuerdo con la inversión prevista, entre finales de 2010 y principios de 2011, la Red Asturcón podría estar instalado en aproximadamente 50.200 viviendas. En total se espera que tenga esta posibilidad unas 37 poblaciones asturianas tras haber realizado el Ejecutivo regional una inversión global de aproximadamente unos 43 millones de euros.

La intención del Gobierno regional es desplegar el servicio en todas las poblaciones de más de 1.000 habitantes y en alguna de entre 600 y 1.000, que tengan trama urbana y en las que aún no se haya desarrollado una red de banda ancha.

La Red Asturcón nació como instrumento para eliminar la brecha digital. Su objetivo es llevar la banda ancha a las zonas en las que la iniciativa privada no ha desplegado redes de alta capacidad. Se trata de ofrecer a toda la ciudanía asturiana las mismas oportunidades de acceso a las nuevas tecnologías.

El primer despliegue de la red se realizó en las cuencas mineras entre los años 2005 y 2007. Se hizo con cargo a los Fondos Mineros y alcanzó a las poblaciones de Tuilla, Blimea, El Entrego, Sotrondio, Rioturbio, Barredos, Pola de Laviana, Santa Cruz de Mieres, Figaredo, Turón y Ujo. También llegó hasta Tineo, Cangas del Narcea y Llanes.

Las pretensiones de ampliación del Principado pasan por llegar a corto plazo a los concejos de Aller y Morcín, en las comarcas mineras, tal y como aprobó el Consejo de Gobierno del Principado hace unas semanas.

En la actualidad están muy adelantados los trabajos para que la red pública Asturcón pueda ser distribuía por los municipios de Nava, Infiesto y Arriondas en los próximos meses

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