Cuando el presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Reinaldo Rodríguez, requirió el pasado martes que la iniciativa pública se comprometiera y financiara en parte las famosas redes de nueva generación de internet, capaces de dar acceso a 100 megas reales y televisión de alta definición a los hogares, sabía lo que decía. No hay que acudir a los más modernos países europeos para encontrar ejemplos. Los hay en España. Y a esos se refería.
Varias comunidades y ayuntamientos han decidido adelantarse a las operadoras y a la iniciativa privada y dotar a sus ciudadanos de una red de fibra de última generación. Las infraestructuras de este tipo en funcionamiento todavía son pocas, es cierto, pero, comparadas con la oferta de las operadoras, el balance es claramente favorable hacia las primeras.
Y lo es tanto en despliegue como, sobre todo, en precio.
La red más completa y avanzada está en Asturias. Lleva por nombre Asturcón y es FTTH -fibra hasta el hogar-, desarrollada con la tecnología GPON.
En estos momentos, la infraestructura cubre 30.000 hogares y cuenta con 4.640 clientes finales, pero ya se ha aprobado una ampliación con la que llegará a otras 20.000 viviendas más.
El despliegue de esta red se ha hecho de forma pacífica con los operadores. Es más, se les ha consultado sobre sus planes de desarrollo y se ha decidido cubrir las zonas que compañías como Telefónica o la operadora de cable local, Telecable, han definido como no rentables y a las que no pensaban llegar nunca, según explica Luis Iturrioz, viceconsejero de Modernización del Principado de Asturias.
Ningún hogar sin banda ancha
El objetivo es que no haya ningún pueblo en la región de más de 1.000 habitantes que no tenga acceso a una red de banda ancha. Pero, ¿por qué con la tecnología de última generación, sobre todo cuando ni siquiera las operadoras la están desplegando a la espera de rentabilidad y demanda?
Iturrioz contesta que se estudiaron las opciones y una red de fibra hasta el hogar no era mucho más cara que otras tecnologías más antiguas, con la ventaja de que el mantenimiento es más fácil y de que la tecnología permite ampliar la capacidad en varios cientos de megas con un coste bajo.
El resultado es que un habitante de Llanes, por ejemplo, puede contratar una banda ancha de 100 megas, con 20 de subida, por 29 euros al mes. Si quiere un dúo, con teléfono y tarifa plana de llamadas, la factura sube a 35 euros al mes. Todavía no hay televisión en el paquete, pero está en camino.
Mientras tanto, la oferta comercial más rápida que Telefónica publicita en su web y que es resultado de una red híbrida, no totalmente de fibra, se queda en 30 megas y tiene un coste de 85,80 euros al mes. Ni Vodafone ni Orange ni Jazztel tienen por ahora plan alguno de comenzar a desplegar fibra.
La red de Asturias no funciona sola. El Principado pone la infraestructura y se convierte en un operador neutro, al que las telecos contratan el servicio mayorista. Son las operadoras las que revenden la banda ancha y ponen el precio que quieran, sobre la base de los 15,95 euros que se les cobra al mes por cliente.
La iniciativa asturiana es la más adelantada, pero no es la única. Desde hace años, Localred, un consorcio catalán del que forman parte 800 municipios de la comunidad, se dedica a impulsar el desarrollo de la banda ancha. Con su asesoramiento, son varios los ayuntamientos que han constituido redes de fibra para dar servicios de última generación a administraciones públicas, pero varios de ellos quieren ir más allá. Viladecans o Esplugues de Llobregat, por ejemplo, han firmado convenios para que la red llegue también a los hogares.
Ojo con los requisitos
Convertirse en una teleco, aunque sea como dueño de una red que luego se pone a disposición de las compañías de banda ancha, tiene unos requisitos. Nadie puede hacerlo sin pasar por la CMT, y si no, que se lo pregunten al Ayuntamiento de Miguelturra, en Ciudad Real, que ha estado apunto de ser sancionado. El municipio ha desplegado una red de fibra y anunció un proyecto para llevarla 'hasta el hogar'. La CMT intervino. Miguelturra no se había registrado como operador ni había separado sus cuentas, para evitar transferencias de fondos. También hay otros requisitos, como neutralidad o no discriminación a los operadores. Miguelturra se salvó porque todavía no tiene clientes.
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