Ahora la pregunta que sigue es: ¿y cómo se garantizará el acceso?. Pues por lo que hemos leído, se ha previsto la creación de un Servicio de Información Centralizado (SIC), que será algo así como una especie de base de datos gigante del subsuelo portugués. Todas estas entidades deberán elaborar y tener actualizado un mapa con información descriptiva y georeferenciada de las infraestructuras que son aptas para alojar redes de comunicaciones electrónicas.
Aunque la norma está hecha por el Gobierno, el guardián de toda esa información será nuestro homólogo portugués, Anacom, que se encargará del diseño del SIC, de su gestión y mantenimiento. A esta herramienta podrán acceder las entidades que deberán abrir sus conductos, los operadores de telecomunicaciones y los reguladores sectoriales.
La normativa prevé que las entidades que darán el acceso no tengan la tentación de dormirse en los laureles a la hora de dejarles pasar por sus tubos. Los acuerdos serán céleres, con un plazo máximo de 20 días para alcanzar un consenso. Una vez que se haya concedido el acceso, la empresa que tenderá la fibra tendrá un plazo de 4 meses para ello, si no le caducará el derecho de acceso. En cuanto a los precios, deberán estar orientados a costes y reflejarán los costes de construcción, mantenimiento, reparación y mejoramiento de las infraestructuras…
Fuente CMT:
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