Sólo 132 de los más de 8.100 municipios españoles tiene licencia WiFi, pero más de 200 ayuntamientos han llamado ya en los últimos meses a la puerta de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. La legislación no permite que las administraciones den internet gratis por un periodo indefinido, pero el resto de las condiciones son variables. Hasta el momento, el regulador ha limitado el tiempo de gratuidad y la velocidad a la que se navega, ha forzado que el uso sea lúdico o cultural al impedir las descargas o las visitas a determinados contenidos o el tiempo que puede estar conectado cada usuario. La CMT mira a Valencia -donde 260 de los 266 municipios de la provincia han solicitado participar en el programa ‘Valencia provincia WiFi- o a Aragón, con más de 40 municipios inscritos como operadores WiFi, aunque muchos de estos proyectos aún están en fase de desarrollo. Tendrá que atender, además, las solicitudes que cocinan ya una veintena de ayuntamientos con otras aplicaciones del WiFi distintas al mero acceso a Internet, desde servicios públicos como el control del tráfico, o el tiempo de paso de los autobuses y todo tipo de soluciones prácticas, como sucede en algunas ciudades de Estados Unidos, donde los contadores de agua disponen de WiFi, lo que permite obtener el consumo de agua en tiempo real de toda una zona.
Se lo dejaba claro la CMT a Barcelona con el veto a su propuesta Premium: ni la ley ni el regulador quieren dejar sitio a servicios que atenten contra las ofertas de banda ancha móvil de las operadoras. El acceso básico sólo podrá darse de forma gratuita durante un año, en un horario determinado. La duración de la conexión estará limitada a 60 minutos por usuario y día, con una velocidad de transmisión que rondará los 200 Kbps -mucho más baja que la banda ancha- y se prohíben las descargas y el acceso a ciertos contenidos. Wifi Ciutadá sólo podrá ser gratis durante un año, cuando el Instituto Municipal de Informática de Barcelona (IMI) pedía tres. Después tendrá que buscar alguna fórmula de pago o patrocinio publicitario. Y tendrá que volver a recibir el beneplácito para el replanteamiento de su servicio Premium. Será -espera el consistorio catalán- cuando la nueva regulación esté ya sobre la mesa.
Al menos 150 ayuntamientos de toda España quieren que sus habitantes se puedan conectar gratis a Internet cuando se encuentren en lugares públicos. La Ley General de Telecomunicaciones que define las comunicaciones electrónicas como "servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia" en vez de como servicio público. Permite que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) autorice la prestación sólo si el consistorio se inscribe como operador de telecomunicaciones y sólo de forma temporal, para promover el uso de Internet sin caer en la competencia desleal para las operadoras de telefonía. La CMT -que sólo puede actuar de parte y no de oficio en estos casos- ha tenido que acotar el terreno con el goteo de la casuística: expedientó a los municipios de Atarfe (Granada) y Ponteareas (Pontevedra) por no haberse registrado como operadores.
Santa Cruz de Tenerife en 2008 recibió la negativa al plan municipal de acceso inalámbrico y gratuito a internet y Castellón o Málaga, que proyectaban instalar WiFi, aparcaron sus planes tras repudiar las condiciones del regulador que debían cumplir. Pero, en Zaragoza el wifi está previsto desde finales de 2008 para dar cobertura sólo dentro de edificios públicos y no en la calle. El municipio maño avanza en la conexión de 90 puntos de acceso con su bitácora de “ciudad digital” y planea construir una red idéntica al casco histórico de la ciudad. Castellón ha optado por una red gratuita -Wificas- que en principio sólo accede a al portal municipal en lugar de a Internet. El ayuntamiento de Burgos ha llegado a un acuerdo con la empresa especializada en redes inalámbricas Gowex para crear una red inalámbrica que se financiará mediante publicidad a través de la plataforma de Publicidad y Contenidos geolocalizados Wiloc. Y otras ciudades como Bilbao han anunciado su intención de dotar con WiFi sólo a las principales plazas públicas de la ciudad.
La opción del pago la han explorado municipios como San Sebastián, con una red que agrupa 22 puntos de acceso disponibles y, a una escala mucho más reducida, Vitoria. En la ciudad guipuzcoana se ofrecen bonos de un euro por día de conexión, 10 euros por un mes o 30 euros por 4 meses. En la capital alavesa, donde la cobertura se reduce a tres edificios, aunque prevén aumentarla en breve, los precios se elevan a 4 euros por día y 12 euros por mes. Asturias tiene, al menos, la llave de las telecos para esa tercera vía de la paz: allá donde ellas no lleguen con las redes de última generación, en los municipios donde la mano de la inversión privada no alcanza. El Ayuntamiento de Avilés fue uno de los pioneros en la instalación de una red pública de acceso a la red de redes gratuito que no ha supuesto ningún conflicto con la CMT: los ciudadanos que deseen acceder a la red en las zonas del casco histórico y de la Ría, podrán hacerlo sin problemas gracias a 32 pequeñas antenas colocadas en las farolas. Avilés se ha buscado un patrocinador privado de su iniciativa -una empresa paga al ayuntamiento a cambio de publicidad- con lo que el municipio sufraga con fondos privados la gratuidad de la red, ha separado sus cuentas para que no haya dudas, se ha registrado como operador y da servicio a un máximo de 400 usuarios a la vez, porque la capacidad del wifi es limitada.
INTERESES ENCONTRADOS
Han enseñado las lanzas del desencuentro en la carrera de las tecnologías de la información. Los ayuntamientos y las grandes operadoras de telefonía se miden las distancias y las urgencias. Si la administración pública ofrece Internet sin coste, nadie va a contratar su conexión con un proveedor de Internet, por lo que se daña la competencia. Pero los ayuntamientos saben que la euforia de sus ‘autopistas digitales’ municipales tiene líneas rojas: los analistas les advierten que los canales wifi pueden solapar sus frecuencias, si el consistorio ocupa un canal en todo el territorio. Las autoridades municipales saben que si no atienden a las demandas de los operadores que construyen las redes de nueva generación, de banda ultra-ancha, se quedarán sin las auténticas ‘avenidas’ de sus ciudades digitales. Para las telecos, el cumplimiento por parte de las corporaciones locales de la Ley de Acceso Electrónico es mucho más que el puente de la ‘e-administración’ con las Administraciones y los ciudadanos por medios electrónicos, es, además, un gran generador de la demanda para sus servicios.
Los alcaldes tienen miedo a quedarse atrás en la carrera hacia la Sociedad de la Información; los operadores de telefonía, a la emergencia masiva de empresas públicas de telecomunicaciones amparadas por los euros del PlanE. Reclaman la vía libre a las canalizaciones que utilizarán los operadores y exigen que se eliminen las restricciones de licencias para zanjas o antenas, la emergencia continua de organismos locales que construyen infraestructura de telecomunicaciones y las nuevas tasas y cargas fiscales. Y advierten que se puede poner en peligro la inversión privada y ampliar la brecha digital. Desde el sector de las TI -con la Aetic al frente- las operadoras -a través de Redtel y Aste- y desde los municipios -por boca de la Femp- llaman a la paz. Miran, de parte y parte, el antecedente de Migueturra, donde la CMT ha aceptado el modelo del ‘operador neutro’.
El Ayuntamiento del municipio castellano ha desplegado una red de fibra óptica que será alquilada a los operadores para ofrecer hasta 100 megas. El consistorio sólo se ha ocupado de las infraestructuras (la parte más costosa de la inversión) y serán las telecos los que ofrezcan servicios de banda ancha pagando a Miguelturra -que no interfiere en las ofertas- por el alquiler de la fibra. Una iniciativa similar a la red Asturcón desplegada en el Principado de Asturias y que permite a los usuarios navegar con 100 megas desde 40 euros al mes. Los ayuntamientos que tengan ya una red corporativa pueden aportarla a una empresa mixta constituida con operadores privados, o incorporarla a un convenio, contrato o consorcio. La Diputación de Valencia, por ejemplo, ha anunciado la licitación de un contrato de colaboración público-privada para una red provincial en el que se va a usar la novedosa técnica del diálogo competitivo.
LA BATALLA FISCAL
Aunque de los 3.408 millones de euros que aproximadamente pagan en impuestos periódicos las operadoras de telecomunicaciones -incluyendo la nueva fiscalidad para financiar RTVE-, el 90% corresponde a tributación estatal y tan sólo un 10% a la local, el desencuentro impositivo con los ayuntamientos llueve sobre mojado porque la presión parafiscal que sufre el sector de las telecomunicaciones en España, con impuestos y tasas específicos, que gravan exclusiva o preferentemente a las operadoras, se eleva a 825 millones de euros en 2008. Además de pagar los impuestos comunes (Sociedades IBI, etc), las ‘telecos’ abonan un pagan una serie de tasas exclusivas por 400 millones al año, como la tasa de operadores (para financiar la actividad de la CMT), la tasa por la numeración y la que se paga por el espectro de frecuencias radioeléctricas- son las principales contribuyentes, en un 85%-. Además, y aunque contribuyen a financiar a los ayuntamientos con un IAE específico por las antenas de telefonía móvil, desde hace cuatro años, muchos consistorios quieren cobrar a los grupos de móviles la tasa por ocupación del dominio público -que ya repercuten sobre las operadoras fijas- a pesar de que la Ley de Haciendas Locales las excluía expresamente.
Después de cuatro años de guerra abierta -en tablas hasta ahora, las compañías de móviles se habían negado a pagar mayoritariamente y han generado cerca de 2.000 procedimientos judiciales- la FEMP busca la paz de una alianza global para sus lanzas fiscales, ahora que, con el Tribunal Supremo con su sentencia sobre el Ayuntamiento de Badalona ha empeorado las perspectivas jurídicas de los municipios que quieren cobrar un 1,5% de sus ingresos brutos a las operadoras móviles y los fuerza a bajar la tasa por ocupación de dominio público hasta en un 90% respecto a la actual. Esta nueva situación jurídica ya ha tenido sus primeros efectos puesto que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) ha anulado la tasa municipal sobre las operadoras de telefonía móvil de 57 municipios extremeños, al considerar, entre otras cosas, que establecer de forma genérica un impuesto del 1,5% de los ingresos brutos no es correcto.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario