60 centimos por el 100% de cobertura

Fuente: CMT

Por sólo 1 euro al día la DGT nos animaba a sacarnos el carnet de conducir. Y por 50 peniques al mes, en el Reino Unido pretenden cubrir de fibra óptica todo el país.

El Gobierno ha desarrollado un plan al que ha bautizado como “El Proyecto del Tercio Final”. Sus cálculos son que las empresas considerarán rentables dos tercios del país y que allí desplegarán la fibra. Pero queda ese tercio del territorio “poco atractivo”. Para que todos disfruten de redes de nueva generación el gobierno cobrará 50 peniques al mes (unos 60 céntimos) a cada uno de los usuarios de las líneas de la red de cobre. El gobierno británico pretende recaudar unos 170 millones de euros con los que subvencionará el coste de los despliegues para equipararlos a las zonas urbanas.

El Broadband Stakeholder Group ha comparado el coste de este programa de inversión pública con otros planes anunciados por los gobiernos de Australia, Singapur o EEUU. Según sus datos, el programa británico es el segundo menos gravoso.

BT, el antiguo monopolio, anunció recientemente que va a ampliar sus planes de despliegue de fibra óptica en el país. BT quiere que 10 millones de casas estén cubiertas por una red de fibra en 2012. El 90% de estos hogares tendrían acceso a una red de FTTN con una capacidad de 40 Mb/s de bajada. El 10% restante tendría fibra hasta el hogar (FTTH) con velocidades de hasta 100 Mb/s. El coste de la factura alcanzará hasta 2012 los 1.700 millones de euros. Pero BT ya ha dicho que está dispuesta a alquilar su red de nueva generación a otros operadores.

En cuanto a España, la CMT realizó en mayo un estudio sobre la viabilidad del despliegue de redes de nueva generación. Se contemplaban varios escenarios, pero en el más conservador se determinó que en un periodo de 15 años (hasta 2023) entre el 43% y el 46% de las viviendas españolas podrían disponer de un acceso de fibra óptica hasta el hogar.

En aquellos territorios a los que no llegara la inversión privada, el estudio afirma que “sería deseable la actuación de los poderes públicos para que los nuevos servicios basados en redes de nueva generación también puedan ser disfrutados por los residentes de estas áreas que resultan menos atractivas en términos de inversión”.

Más información: Aquí

Se reactiva el proyecto de Operador Neutro en la Generalitat catalana

Fuente: Expansión

La apuesta de la Generalitat por crear una red pública de telecomunicaciones va dando discretos pasos hacia su consecución.

Aunque había desaparecido de los ejes principales del discurso del Gobierno catalán, en los últimos días el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Ctti) ha reactivado el proyecto.

El ente de la Administración catalana ha sacado a licitación dos contratos que servirán para preparar el proceso de elección de la empresa que se hará cargo de la red de telecomunicaciones de la Generalitat y los ayuntamientos. El Gestor de Infraestructuras de Telecomunicación será una empresa privada y deberá construir las infraestructuras necesarias para completar la red actual, aportar fibra óptica y mantener y explotar la red. Por el momento no se sabe más, ni tan sólo el tipo de contrato que se suscribirá con la empresa elegida.

Concurso

A pesar de contar con más de 330 trabajadores, el Ctti recurrirá al asesoramiento externo para adjudicar el contrato que probablemente será el más importante que suscriba durante las dos últimas legislaturas.

Por un lado, el centro ha sacado a licitación los “servicios de apoyo jurídico para la redacción de las bases de licitación, el apoyo durante el proceso de negociación y la redacción del contrato”. Otra empresa se encargará de dar “apoyo técnico”. La primera licitación tiene un importe de salida, que no incluye IVA, de 301.724,14 euros y la segunda, de 172.413,79 euros.

El apoyo externo no hará que la contratación del Gestor de Infraestructuras sea inminente. Por el contrario, las empresas adjudicatarias de los servicios de asesoramiento estarán ligadas al proceso durante un periodo de 14 meses a partir de los próximos 4 y 23 de septiembre. De esta manera, la adjudicación del macrocontrato no se producirá previsiblemente antes de noviembre de 2010.

La agenda resulta apretada, ya que, si no hay adelanto electoral, las elecciones catalanas deberán realizarse precisamente en noviembre del próximo año. Fuentes de la Secretaría de Telecomunicaciones han rechazado hacer aclaraciones sobre la agenda que abren los dos nuevos contratos de asesoramiento.

Dificultades

El objetivo del operador neutro es crear una red de fibra óptica pública para hacer llegar las telecomunicaciones a todo el territorio y para fomentar la competencia. Según el plan marcado por ERC, en 2006 el consorcio ITCat, integrado por la Generalitat y Localret –que agrupa a los ayuntamientos–, debería haber adjudicado ya el operador neutro.

La salida prematura de ERC de la Generalitat frustró estos planes, que también han topado con la crisis y la falta de apoyo del PSC, que nunca ha visto el proyecto con buenos ojos. El presidente catalán,José Montilla, calificó la iniciativa de “modelo sobrepasado” cuando era ministro de Industria.

En el ámbito empresarial el proyecto no estaba en 2006 falto de pretendientes. El grupo de gestión de infraestructuras Abertis y dos empresas extranjeras habían declarado su interés por el proceso de licitación. Telefónica siempre se ha mostrado recelosa con el futuro competidor público. Kim Faura, director de la operadora en Cataluña, dijo en marzo que “la inversión en redes alternativas va en contra de la cohesión territorial”. Según Faura, el dinero público debería destinarse a redes complementarias y no a infraestructuras alternativas.

Retrasos

- El proyecto, que se había gestado en la época de CiU en la Generalitat, fue impulsado por ERC. El objetivo principal es que una red pública de telecomunicaciones fomente la competencia.

- La Administración catalana quiere aprovechar cientos de kilómetros de tendidos de fibra óptica de trenes y carreteras, así como de los ayuntamientos e incluso de Red Eléctrica.

- La inversión prevista, para un plazo de diez años, era de 233 millones de euros. En 2006 el gasto ya había llegado a 26 millones.

- La salida de ERC del Gobierno catalán en 2006 paralizó el proyecto, que ahora se resucita.